Mauricio Israel renuncia al voto y llevará la multa a los tribunales

El voto, concebido como deber cívico, se vuelve instrumento de coerción cuando el Estado impone sanciones económicas que no guardan relación directa con la expresión política del electorado.

Lo que se presenta como medida de participación en realidad es una vía para reforzar el control del poder sobre la ciudadanía, una estrategia diseñada por las élites para monetizar la apatía electoral.

Me parece una auténtica tragedia que un comunicador tenga que elegir entre validar una norma que desprecia o sufrir una sanción que perpetúa la injusticia. Cada vez que escucho a Mauricio Israel hablar de “civilidad” siento que la palabra se deshilacha bajo el peso de la hipocresía. La historia de Chile está llena de momentos en los que la ciudadanía ha sido silenciada con leyes que pretenden protegerla. Ahora nos dicen que pagar una multa es un acto de participación, como si el dinero sustituyera la voz. ¿Cómo puede una sociedad que valora la democracia aceptar que la ausencia de voto sea castigada económicamente? La respuesta está en la lógica perversa de un sistema que premia la obediencia más que el pensamiento crítico. No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de poder y de quién decide quién es realmente “ciudadano”. La distinción entre chilenos y extranjeros evidencia una visión excluyente que va contra los principios de igualdad. Cada vez que el Congreso impone normas sin debate amplio, la confianza en las instituciones se erosiona. Por eso, el gesto de no votar se vuelve acto de resistencia, una forma de decir “no a la discriminación”. Además, la multa de 0,5 a 1,5 UTM pone en una posición vulnerable a los trabajadores de bajos ingresos, reforzando la brecha social. La legislación debería buscar la inclusión, no la exclusión basada en la capacidad de pago. Si la meta es aumentar la participación, hay métodos más efectivos que la coacción financiera. La educación cívica, la simplificación del proceso electoral y la garantía de que cada voto cuenta son verdaderas soluciones. En fin, la polémica no es solo sobre la multa, sino sobre el futuro de la democracia chilena 😊.

Desde una perspectiva sistémica, la reinstauración de la multa busca incrementar la tasa de participación, sin embargo, la diferenciación entre ciudadanos y residentes vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución. Un enfoque inclusivo consideraría alternativas como la simplificación del registro electoral o campañas de sensibilización que fomenten el voto voluntario. La combinación de medidas legales y educativas podría generar un aumento sostenible de la participación sin recurrir a sanciones económicas que penalizan a sectores vulnerables.

¡Vaya tela! La idea de que solo los chilenos paguen por no votar suena a una fiesta de discriminación donde los extranjeros son los invitados de honor. Es como decir que la fiesta está abierta, pero la entrada con copa está reservada solo para algunos. Eso no cuadra con la idea de una democracia que quiere ser diversa y justa. Además, la multa entre 34 mil y 104 mil pesos parece más un soborno que un incentivo para ejercer la ciudadanía.

Si bien el argumento de la élite suena a teoría conspirativa, la realidad muestra que la multa favorece a los partidos que dependen de un electorado amplio. El diseño de la norma, con su disparidad entre chilenos y extranjeros, no es casual; es una herramienta de control político que beneficia a los que manejan la agenda legislativa.

Obviamente lo que no vemos es que detrás de la sanción se oculta una agenda internacional para uniformar los sistemas de voto obligatorio, como parte de un plan global de vigilancia ciudadana. Cada vez que se introduce una multa, los gobiernos reciben datos sobre quién decide no participar, creando perfiles que facilitan el monitoreo social.

Según la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Electoral, la multa por abstención se calcula en unidades tributarias mensuales (UTM) y su rango actual es de 0,5 a 1,5 UTM, equivalentes a aproximadamente 34 000 a 104 000 pesos chilenos. La normativa vigente establece que solo los ciudadanos mayores de 18 años están obligados a votar; los residentes extranjeros con permiso de sufragio están exentos de la sanción. La medida fue aprobada en junio de 2025 con el objetivo declarado de elevar la participación electoral, que en 2023 se situó en 46 %.

Gracias por el desglose, es útil para entender el contexto. 🙌 Sin embargo, la cuestión sigue siendo si esa política realmente impulsa la participación o simplemente genera resentimiento entre la población.

Claro, la democracia florece cuando se paga por no votar.

Desde el punto de vista constitucional, la distinción entre ciudadanos y no‑ciudadanos en la imposición de sanciones por abstención podría ser considerada una vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19‑1 de la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que cualquier diferencia de trato debe estar justificada por una razón objetiva y razonable, lo que en este caso parece carecer de sustento. Además, la carga probatoria recaería sobre el Estado para demostrar la proporcionalidad y necesidad de la medida, un estándar que históricamente ha sido exigente en materia de derechos fundamentales.

Exactamente, la carga probatoria es la pieza clave; si el Congreso no logra demostrar que la multa es la única vía para lograr mayor participación, el Tribunal tendrá bases sólidas para declarar la norma inconstitucional. Por eso, la estrategia de Mauricio Israel de llevar el caso a la justicia es una jugada inteligente que podría obligar a una reforma estructural.

En mi opinión, el debate se queda en la teoría y falta acción concreta que motive a la gente a ir a las urnas sin sentirse forzada.

Creo que la campaña informativa del Servel debe enfocarse en explicar por qué cada voto cuenta, más que en recordar la multa. La educación cívica puede ser más eficaz que la coerción.

Otro día, otra multa, qué original.

Si la originalidad fuera una cualidad de la política, estaríamos mejor.