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Cuando Mauricio Israel, presentador del programa Tevex, anunció que no ejercerá su derecho al voto el 16 de noviembre, la polémica sobre las multas por no votar volvió a cobrar fuerza. La medida, aprobada por el Congreso de Chile, restablece sanciones entre 0,5 y 1,5 UTM (aprox. 34 mil‑104 mil pesos) solo para ciudadanos chilenos, excluyendo a los extranjeros habilitados. Israel asegura que su abstención será la base de un reclamo judicial contra lo que califica de "híbrido" legislativo.
Contexto de la polémica sobre la multa obligatoria
Desde 2017, el voto es obligatorio en Chile para los ciudadanos mayores de 18 años; sin embargo, la sanción económica había sido derogada en 2019. En junio de 2025 el Congreso adoptó la iniciativa Reinstauración de la multa por abstención, argumentando que el endurecimiento impulsaría la participación electoral, que en 2023 rondó el 46 %.
El proyecto especificó que la multa solo aplicaría a chilenos, mientras que residentes extranjeros con permiso de sufragio quedarían exentos. Esta diferenciación generó críticas de diversos sectores, que la describieron como discriminatoria y contraria a los principios de igualdad consagrados en la Constitución de 1980.
La estrategia de protesta de Mauricio Israel
Durante la emisión de "Cómo estamos hoy!" en Tevex, Israel explicó su postura: "Si voto, valido una norma que rechazo; si no voto y pago la multa, lo mismo. Prefiero no votar y luego desafiar la sanción judicialmente".
Su plan consiste en presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional, argumentando violación del principio de igualdad y del derecho a la participación política sin discriminación. Israel describió la acción como "un ejercicio de civilidad", subrayando que la protesta se mantendría dentro del marco legal.
El comunicador también reiteró su posición sobre la ciudadanía: "El que va a votar debe ser chileno", una opinión que ha sostenido en varios programas desde 2020. Según él, permitir que extranjeros voten equivale a diluir la soberanía nacional.
Reacciones de la opinión pública y de los partidos políticos
En redes sociales, la declaración de Israel polarizó a la audiencia. Algunos seguidores lo calificaron de "valiente" y coincidieron con su juicio sobre la desigualdad de la sanción. Otros lo acusaron de irresponsabilidad cívica, argumentando que la abstención solo debilita la democracia.
El bloque de la derecha en el Congreso defendió la medida, señalando que la multa busca evitar la apatía y reforzar la representación ciudadana. Por su parte, partidos de izquierda y varios grupos de derechos humanos presentaron un proyecto de reforma que eliminaría la diferencia entre chilenos y extranjeros, proponiendo una sanción unificada.
Implicaciones legales y constitucionales
La Constitución chilena reconoce el voto como derecho y deber, sin especificar la obligación de sancionar la abstención. Sin embargo, la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Electoral permite establecer multas para garantizar la participación.
Los expertos en derecho constitucional, como la profesora Claudia Ríos de la Universidad de Chile, advierten que "una norma que discrimina entre ciudadanos y no‑ciudadanos podría vulnerar el artículo 19‑1, que protege la igualdad ante la ley". Ríos también señaló que la carga probatoria recaería sobre el Estado para demostrar la razonabilidad de la diferencia.
En caso de que la demanda de Israel prospere, el Tribunal Constitucional tendría que sopesar la finalidad de la sanción (incrementar la participación) contra el principio de igualdad. Un fallo desfavorable a la normativa podría obligar al Congreso a redactar una nueva ley, potencialmente sin distinciones por nacionalidad.
Próximos pasos y escenarios posibles
El 16 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, una jornada que, según las últimas encuestas, podría registrar una participación cercana al 55 %. Si Israel decide abstenerse, su caso será uno de los primeros en usar la vía judicial para cuestionar la multa.
Los analistas políticos señalan tres escenarios: (1) la demanda es desestimada y la multa se mantiene; (2) el Tribunal declara inconstitucional la distinción, obligando al Congreso a reformar la ley; (3) se genera un debate amplio que conduzca a la eliminación total de la sanción, como ocurre en varios países europeos.
Mientras tanto, la campaña informativa del Servicio Electoral continuará exhortando a la ciudadanía a ejercer su voto, recordando que la multa sigue vigente y que la no participación conlleva un costo económico considerable.
Preguntas frecuentes
¿Qué implica legalmente que Mauricio Israel no vote y reclame ante el tribunal?
Al abstenerse y presentar una demanda, Israel busca que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la diferencia de multas entre chilenos y extranjeros. Si la sentencia es favorable, la normativa tendría que modificarse o eliminarse.
¿Por qué la multa solo afecta a ciudadanos chilenos y no a extranjeros habilitados?
El texto de la ley, aprobado por el Congreso de Chile en junio de 2025, establece que la obligación de voto es exclusiva de los chilenos mayores de edad. Los residentes extranjeros con permiso de sufragio quedan exentos, lo que ha generado críticas por considerarse una discriminación.
¿Cuáles son los montos exactos de la multa por no votar?
La sanción oscila entre 0,5 UTM y 1,5 UTM, equivalentes a aproximadamente 34 mil pesos y 104 mil pesos chilenos, según el valor de la Unidad Tributaria Mensual vigente al momento de la votación.
¿Qué opinan los partidos políticos sobre la restitución de la multa?
Los partidos de derecha defienden la medida como herramienta para incrementar la participación electoral. Los partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos la critican por la discriminación y proponen una reforma que unifique la sanción para todos los votantes.
¿Cómo afecta esta polémica a la campaña electoral de noviembre?
El debate sobre la multa ha añadido un tema legal al discurso de campaña. Los candidatos ahora deben posicionarse respecto a la igualdad ante la ley y la obligatoriedad del voto, lo que podría influir en la decisión de votantes indecisos.
Moises Araya
El voto, concebido como deber cívico, se vuelve instrumento de coerción cuando el Estado impone sanciones económicas que no guardan relación directa con la expresión política del electorado.
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