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La campaña para 2026 aún no arranca oficialmente, pero el sector privado ya mide el pulso. En un foro con empresarios, varios aspirantes subieron el tono: menos ambigüedades, más promesas directas sobre impuestos, seguridad y reglas de juego. Aunque no hubo acceso a una transcripción completa, el mensaje fue consistente: quieren reconectar con la inversión y marcar distancia frente a la incertidumbre regulatoria.
El giro es claro por dos razones. Primero, porque la economía vive una fase de crecimiento débil, con tasas de interés que bajan lento y un consumo todavía prudente. Segundo, porque los gremios piden certezas: estabilidad normativa, costos predecibles y seguridad en los territorios para producir y exportar. Con ese telón de fondo, los aspirantes optaron por endurecer el discurso para convencer a un auditorio que hoy pondera la credibilidad por encima de los eslóganes.
Qué cambió en el tono y por qué importa
El foro dejó ver líneas más duras en temas sensibles. Varios plantearon frenar nuevas cargas tributarias al inicio del mandato, simplificar trámites y concentrarse en luchar contra la evasión. Hubo énfasis en seguridad jurídica: nada de cambios sorpresivos, consultas interminables ni decretos que siembren dudas sobre contratos. En energía, se impuso un enfoque más pragmático: transición sí, pero con cronograma, inversión y claridad para los hidrocarburos mientras despegan las renovables.
En seguridad, la palabra clave fue territorio. Empresarios de comercio, agro e industria insisten en que sin control de la extorsión, del hurto de carga y de la minería ilegal no hay formalización posible. Los candidatos respondieron con promesas de coordinación entre fuerza pública, justicia y hacienda local; más presupuesto para inteligencia y revisión de incentivos para fiscales y jueces en zonas críticas.
También cambió el tono en las reformas sociales. Nadie quiere aparecer “antiempresa”, pero tampoco “antisocial”. Por eso, varios propusieron ajustes graduales: una reforma laboral que fomente la formalidad y la capacitación; un sistema pensional que proteja el ahorro y mejore las pensiones bajas; y una política de salud que refuerce la atención primaria sin desmontar lo que funciona. La idea de fondo: menos sobresaltos y más políticas evaluables.
- Impuestos: moratoria a nuevas reformas al inicio del gobierno, plan de simplificación y un programa agresivo contra la evasión.
- Laboral: negociación por sectores, foco en pymes y formalización con reducción de costos no salariales.
- Pensiones: esquema mixto con respeto al ahorro, ampliación de cobertura y sostenibilidad en el tiempo.
- Energía: transición con certezas, contratos honrados y metas realistas de descarbonización.
- Infraestructura: destrabar licencias, priorizar corredores logísticos y alianzas público-privadas.
- Institucionalidad: respeto a la independencia del Banco de la República y cumplimiento de la regla fiscal.
En comparación con 2022, hay menos promesas maximalistas y más énfasis en capacidad de ejecución. El auditorio presionó por planes con etapas, responsables y metas medibles. La lógica es simple: sin cronograma ni cuentas, las ofertas no pasan el filtro.
Lo que quieren los empresarios y los costos de prometer
¿Qué esperan, en concreto, los gremios? Tres cosas: reglas estables, trámites simples y seguridad en ruta. A eso suman acceso al crédito en condiciones razonables, competitividad logística (puertos, aduanas, carreteras) y una política industrial que deje de cambiar cada seis meses. Los empresarios no piden milagros, piden continuidad y señales claras para comprometer capital.
El reto para los aspirantes es que muchas promesas cuestan. Bajar impuestos sin abrir huecos fiscales exige compensaciones: ampliar base tributaria, cerrar exenciones ineficientes, recortar gasto poco productivo y priorizar inversión. Lo mismo con la formalización: funciona si se ataca la extorsión y se reduce el papeleo que hoy empuja a miles de negocios a la informalidad. Y la transición energética solo despega con redes, almacenamiento y un marco que reduzca el riesgo regulatorio.
En el frente macro, la inflación cede, pero el financiamiento sigue caro para muchas empresas. El consumo mejora lento y la inversión privada es más selectiva. Eso obliga a conducir fino: ni austeridad que apague la recuperación ni gasto sin respaldo que espante capital.
También pesa la política. Varios aspirantes marcaron distancia del Ejecutivo en temas de reformas y relación con los gremios. Otros intentaron construir puentes: pactos sectoriales, mesas técnicas y metas comunes en empleo, exportaciones y transición productiva. Esa diferencia de estilos puede definir apoyos, pero al final el empresariado buscará a quien logre combinar estabilidad con resultados sociales.
Hay un último filtro: la coherencia. Prometer alivios tributarios, más inversión pública, subsidios focalizados y seguridad reforzada, todo a la vez, suena bien, pero requiere números. Los próximos hitos —asambleas gremiales, congresos económicos y nuevos debates— dirán quién presenta cuentas creíbles, equipos sólidos y una hoja de ruta verificable.
El foro dejó dos corrientes: una que promete reversar giros recientes en regulación y otra que prefiere corregir sin desmontar. Las dos cortejan al sector privado y buscan mostrarse como socios de la productividad. De aquí en adelante, los candidatos presidenciales entran en su prueba de credibilidad: pasar del titular al cómo, con cronograma y reglas claras. Los empresarios seguirán preguntando lo esencial: ¿quién puede ofrecer crecimiento con estabilidad?
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